En EE.UU. inmigrantes pierden la libertad y la custodia de sus hijos

En EE.UU. inmigrantes pierden la libertad y la custodia de sus hijosEncarnación Bail Romero llegó a Estados Unidos en 2005, y su hijo Carlos nació un año después. En mayo de 2007, ella fue detenida en una redada en la planta procesadora Georges de Butterfield, cerca de Cartago, y fue separada de su pequeño.

Cuando los agentes del servicio de inmigración lanzaron una redada en las instalaciones de una planta procesadora de aves cerca de este lugar hace dos años, no tenían idea de que un niñito estadounidense, de nombre Carlos, quedaría atrapado en la operación.

Entre los 136 inmigrantes indocumentados que fueron detenidos en la redada estaba la madre de Carlos, Encarnación Bail Romero, de nacionalidad guatemalteca. Un año y medio después de que ella fuera a la cárcel, la corte de un condado dio por terminados los derechos de Bail sobre su hijo con base en un argumento de abandono. Carlos, actualmente de dos años de edad, fue adoptado por una pareja local.

En su decreto, el Juez David C. Dally del Tribunal de Circuito en el Condado de Jasper, dijo que la pareja tenía un nivel de vida holgado, había reorganizado su vida y sus horarios laborales para darle a Carlos un hogar estable, y contaba con el respaldo de su familia extendida. En contraste, comentó Dally, Bail tenía muy poco que ofrecer.

"Las únicas certezas en el futuro de la madre biológica", escribió, "es que ella seguirá encarcelada hasta el año entrante, y que será deportada después de eso".

Es poco claro cuántos niños comparten la dura situación de Carlos. Sin embargo, abogados y defensores de los inmigrantes dicen que casos como el suyo están apareciendo por todo Estados Unidos, a medida que las duras medidas contra los inmigrantes indocumentados lanzan a cortes locales a batallas trasnacionales por la custodia, dejando a miles de niños en el limbo.

"En las luchas de este tipo de casos, no hay ganadores", destacó Christopher Huck, abogado de inmigración en el estado de Washington.

Dijo que en muchos casos, lo que las cortes estatales quieren "entra en conflicto con lo que se supone que deben hacer las dependencias federales de inmigración".

"Entonces, las cosas se salen de control", agregó Huck, "y terminan en estas situaciones verdaderamente desafortunadas".

Casos de pérdida
En mayo, la Suprema Corte de Nebraska tiene programado escuchar una apelación por parte de María Luis, guatemalteca cuyos derechos sobre su hijo e hija nacidos en Estados Unidos fueron revocados luego de que ella fuera detenida en abril de 2005, bajo cargos de haber proporcionado una identidad falsa a un agente de policía. Más tarde, ella fue deportada.

Asimismo, en Carolina del Sur, un juez de Tribunal de Circuito ha estado trabajando con funcionarios de Guatemala para encontrar una manera de enviar a la bebé de una pareja guatemalteca -Martín de León Pérez y su esposa, Lucía- detenida bajo cargos de beber en la vía pública a parientes en su país, para que así esta pareja no pierda la custodia antes de la fecha esperada de su deportación.

Patricia Ravenhorst, abogada de Carolina del Sur que maneja casos de inmigración, dijo que ella había intentado "convencer a nuestros jueces de no dejarse intimidar por la idea de cruzar una frontera internacional".

"Yo les he preguntado, ¿Qué haríamos si el menor tuviera parientes en Nueva Jersey?", refirió Ravenhorst. "Nos coordinaríamos con el estado de Nueva Jersey. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo por un menor que tiene parientes en las montañas de Guatemala?"

Dora Schriro, una asesora de la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, dijo que la dependencia estaba en busca de formas para manejar las separaciones familiares a medida que preparaba nuevas normas sobre la aplicación de las leyes de inmigración. En visitas a centros de detención en todo el país, comentó Schriro, había escuchado relatos de padres que perdieron el contacto o la custodia de sus hijos.

Las leyes de bienestar infantil varían de un estado a otro. En el caso de Missouri, Dally les concedió la custodia a los padres adoptivos de Carlos el año pasado, luego que ellos presentaran una petición en privado a la corte y él diera por terminados los derechos de Bail sobre Carlos.

En febrero, autoridades de inmigración suspendieron la deportación de Bail para que ella pudiera entablar una demanda enfocada a recuperar la custodia. El abogado de Bail, John de León, de Miami, dijo que su cliente no había sido informada de los procedimientos de adopción en su lengua natal, el español, y no había tenido una verdadera representación legal hasta que fue demasiado tarde.

El abogado de los padres adoptivos de Carlos, Joseph L. Hensley, dijo que sus clientes habían esperado por más de un año a que Bail demostrara su compromiso con Carlos, pero el juez consideró que ella no había hecho esfuerzo alguno por ponerse en contacto con el bebé o enviarle apoyo financiero mientras estaba encarcelada. La pareja solicitó que sus nombres no fueran mencionados a fin de proteger la privacidad de Carlos.

Bail llegó a Estados Unidos en 2005, y Carlos nació un año después. En mayo de 2007, ella fue detenida en una redada en la planta procesadora Georges de Butterfield, cerca de Cartago, en el suroeste de Missouri.

Autoridades de inmigración rápidamente pusieron en libertad a varios trabajadores que tenían hijos pequeños. No obstante, las autoridades dijeron que Bail no era elegible para ser liberada porque enfrentaba el cargo de haber usado una identificación falsa. Este tipo de cargos formaron parte de una severa aplicación de medidas lanzada por la administración Bush, que castigaba a los inmigrantes indocumentados obligándolos a cumplir condenas antes de ser deportados.

El suplicio de Encarnación
Cuando Bail fue a la cárcel, Carlos, de seis meses de edad en ese momento, fue enviado a quedarse con dos tías que lo recuerdan como un niño de apetito voraz y que lloraba de manera constante. Sin embargo, también dijeron que él presentaba un grave salpullido y no había recibido todas sus vacunas.

Las mujeres -las cuales tienen cada una tres hijos propios, carecen de estatus legal, viven en diminutos apartamentos y tienen muy poco dinero- dijeron que el bebé era una responsabilidad demasiado grande para manejarla. Así que cuando un asistente de maestros local se ofreció a encontrar a alguien que cuidara de Carlos, las mujeres estuvieron de acuerdo.

Después, en septiembre de 2007, contó Bail, el asistente la visitó en la cárcel para decirle que una pareja estadounidense estaba interesada en adoptar a su hijo. La pareja tenía propiedades y una hermosa casa, recordó Bail que le había dicho, y que realmente habían cobrado afecto a Carlos.

"Mis padres eran pobres, y ellos nunca me regalaron con nadie", recordó Bail. "Yo tampoco le iba a dar mi hijo a nadie".

Unas semanas después, llegó una petición de adopción a la cárcel. Bail, quien no sabe leer en español, ya no digamos en inglés, dijo que le había pedido a una compañera de celda originaria de México que se la tradujera. Con la ayuda de un custodio y un visitante guatemalteco que hablaba inglés, Bail escribió una respuesta a la corte.

"Yo no quiero que mi hijo sea adoptado por nadie", garrapateó en la hoja de un cuaderno, con fecha del 28 de octubre de 2007. "Preferiría que lo pusieran bajo cuidado en un orfelinato hasta que yo ya no esté en la cárcel. Me gustaría tener visitas con mi hijo".

A lo largo de los 10 meses siguientes, dijo, ella no tuvo comunicación con la corte. Durante todo ese tiempo, Dally designó un abogado a Bail, pero lo retiró del caso más tarde después de que él se declaró culpable de cargos de violencia doméstica.

Hensley, el abogado de los padres adoptivos de Carlos, dijo que él le había enviado una carta a Bail para informarle que sus clientes estaban cuidando de su hijo, al igual que la corte, pero ambas cartas fueron devueltas sin ser abiertas. "Nosotros le concedimos un mayor proceso debido que a la mayoría de las personas de habla inglesa", dijo Hensley.

Bail dijo que le había pedido ayuda a la defensora de oficio que la representaba en el caso de robo de identidad para determinar el paradero de Carlos, pero la abogada le dijo que solamente manejaba asuntos penales. "Acudí a la corte seis veces, y seis veces pedí ayuda para encontrar a mi hijo", contó. "Pero, nadie me ayudó".

Bail consiguió a un abogado de habla hispana, Aldo Domínguez, para que la representara en el caso por la custodia apenas en junio pasado. Para cuando él se puso en contacto con ella dos meses después -ella había sido transferida a una cárcel en Virginia Occidental- ya era demasiado tarde para presentar su caso ante Dally, dijo Domínguez.

"Su estilo de vida, por haberse introducido ilegalmente al país y haber cometido delitos en este país, no es un estilo de vida que pueda proporcionarle estabilidad a un menor", escribió el juez en su fallo. "Un menor no puede ser educado de esta manera, siempre ocultándose o huyendo".

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